El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la contaminación del aire como una «una de las mayores amenazas a la salud y el medio ambiente de nuestro tiempo», al intervenir en la Segunda Conferencia Mundial sobre Contaminación Atmosférica y Salud, celebrada recientemente en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
Además, según la campaña Clean Cities, lanzada por una coalición formada por más de 70 ONG, en las ciudades de España y Europa el aire contaminado afecta cada día a millones de personas, cerca de un 97 % de la población, sin ser plenamente conscientes del daño que esto causa en su salud.
Solo en Europa el aire contaminado causa enfermedades, provocando 300.000 muertes prematuras al año y 25.000 de ellas se producen en España, según datos del Consejo Europeo y del Gobierno español.
Esto se traduce en el fallecimiento prematuro de cerca de 70 personas al día por la contaminación del aire.
Desde Salud por Derecho, una ONG que trabaja para que todas las personas vivan donde vivan puedan ejercer su derecho a la salud, piden que España implemente sin demoras la nueva Directiva Europea de Calidad del Aire y adopte medidas más ambiciosas para reducir la contaminación.
El impacto en la salud
Respirar aire contaminado no solo causa molestias a corto plazo, sino que está directamente relacionado con enfermedades graves y muertes prematuras.
Según la OMS la contaminación aumenta el riesgo de:
- Enfermedades cardiovasculares.
- Accidentes cerebrovasculares.
- Asma.
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
- Cáncer de pulmón.
Además, la contaminación del aire también está relacionada con la reducción de la función pulmonar, los efectos en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso central.
También aumenta el riesgo de parto prematuro y el déficit de peso al nacer, lo que al mismo tiempo genera otros riesgos para la salud en etapas posteriores de la vida.
Igualmente se ha observado un aumento del riesgo de diabetes, obesidad, demencia y efectos negativos sobre la salud mental, contribuyendo a trastornos como ansiedad, depresión y estrés.
Los grupos vulnerables
De hecho, el impacto es mayor en los grupos vulnerables:
- Niños.
- Mujeres embarazadas.
- Personas mayores.
- Personas con enfermedades preexistentes.
Además, los efectos adversos se amplifican en personas y barrios con menos recursos, donde la calidad de la atención médica es más baja y las condiciones de vida agravan la exposición a contaminantes.
De este modo, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha demostrado que las regiones más pobres tienen un índice de contaminación por partículas finas un 30 % más alto que otras zonas, perpetuando desigualdades en salud.
El impacto económico
Además, el impacto no es solo sanitario, también afecta económicamente.
Según el Banco Mundial, 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español son los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación del aire.
Se estima que la contaminación del aire genera anualmente más de 3.600 millones de euros en gastos relacionados con el tratamiento de enfermedades asociadas a la contaminación por tráfico.
Asimismo, la contaminación atmosférica está vinculada a aproximadamente 62.000 ingresos hospitalarios urgentes cada año en España, lo que representa un coste de más de 850 millones de euros anuales.
La situación en España
En el año 2023, 33 millones de personas (es decir, más de dos tercios de la población española) respiraron aire contaminado por encima de los límites legales aprobados en el Parlamento Europeo, según Ecologistas en Acción.
Las regiones más afectadas de España son Canarias y Madrid con los niveles más altos de contaminación en España en 2023.
La principal fuente de contaminación en las ciudades españolas es el tráfico motorizado, donde la mayoría de gente está concentrada.
Directivas a seguir
Ante la urgencia del problema y la apabullante evidencia científica, la Unión Europea aprobó en abril de 2024 una nueva Directiva de Calidad del Aire con límites más estrictos que los anteriores para contaminantes clave como las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno.
Aunque todavía no alcanza las recomendaciones de la OMS, tiene objetivos ambiciosos para 2030, el año en el que los países deberán cumplir la norma y contempla revisiones periódicas cada cinco años.
El objetivo final de esta directiva es la contaminación cero para el año 2050.
Las principales
- Límites más estrictos: El acuerdo establece límites más rigurosos para contaminantes.
- Monitoreo de la calidad del aire: Las autoridades nacionales y locales deben monitorear la calidad del aire en sitios rurales y regionales, incluidos super-sitios (estaciones de monitoreo que recopilan datos a largo plazo sobre varios contaminantes desde múltiples puntos de muestreo). Esto podría incluir el monitoreo de partículas ultrafinas o carbono negro.
- Hojas de ruta y planes de calidad del aire: Los estados miembros deben elaborar hojas de ruta para la calidad del aire, detallando las medidas a corto y largo plazo que implementarán para cumplir con los nuevos límites establecidos para 2030. Si no cumplen actualmente con los estándares, las autoridades nacionales o locales también deberán preparar planes de calidad del aire con medidas inmediatas para reducir la contaminación. Además, se incluyen nuevos incentivos para abordar la contaminación transfronteriza.
- Información pública mejorada: Se introducen nuevos requisitos para informar mejor al público, especialmente a los grupos vulnerables. Esto incluye armonizar los índices de calidad del aire existentes y proporcionar información sobre los posibles impactos en la salud si se retrasan las medidas para lograr aire limpio.
- Acción legal y compensaciones: La Directiva revisada introduce nuevas reglas que permiten a las personas emprender acciones legales y reclamar compensaciones si consideran que han sufrido daños a la salud porque un estado miembro no tomó las medidas necesarias para garantizar aire limpio.
- Revisiones periódicas: La Directiva se revisará regularmente en intervalos de cinco años, con una primera revisión prevista para 2030.
- Posibilidad de aplazamiento: Los estados miembros pueden solicitar un retraso de cinco años (2035) para aplicar los nuevos límites si las proyecciones muestran que no pueden cumplirlos, o de diez años (2040) si el cumplimiento requiere reemplazar una fracción considerable de los sistemas de calefacción doméstica.
Directivas en España
Desde Salud por Derecho piden que España cumpla algunas medidas para hacer frente a este problema de salud:
- El Gobierno de España debe adoptar cuanto antes la normativa nacional a la directiva europea, asegurando que la mejora de la calidad del aire sea una prioridad en todos los niveles: nacional, regional y local.
- A nivel municipal, los gobiernos deben desarrollar un plan de apoyo específico para los grupos más vulnerables en zonas de bajos recursos, garantizando su participación en la toma de decisiones. Esto incluye identificar las áreas más afectadas y analizar cómo la contaminación impacta en la salud de sus habitantes.
- Se debe reforzar la colaboración administrativa entre los departamentos de sanidad, servicios sociales y bienestar, planificación urbana, movilidad, vivienda y energía de la Administración local y regional.
- A nivel nacional, regional y local, se deben aprovechar al máximo los fondos de ayuda de la Comisión Europea y asignar recursos económicos e incentivos fiscales para la aplicación de políticas de aire limpio adaptadas a cada situación.
- El Ministerio de Transición Ecológica debe asegurar la creación de repositorios públicos con datos sobre calidad del aire, planes de acción del Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como informes sobre el cumplimiento de los límites.
- La transposición de la directiva deberá incorporar la creación de órganos de supervisión que garanticen el cumplimiento de los nuevos límites.
- Se deberá facilitar el acceso a la justicia a ciudadanos y organizaciones en casos de incumplimiento.
- A todos los niveles, deben fomentarse programas de sensibilización a la ciudadanía (escuelas, centros comunitarios, etc.) para fomentar hábitos sostenibles y exigir a los gobiernos mayor responsabilidad ambiental.
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