La amenaza del turismo de trasplantes

La amenaza del turismo de trasplantes

Por Rafael Matesanz

El modelo español impulsado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) desde 1989 nos ha permitido mantener el liderazgo mundial, durante 25 años, con las máximas posibilidades de recibir un trasplante en un sistema público, universal y sin discriminación alguna.

Esta posición de privilegio contrasta brutalmente con una situación internacional generalizada de escasez. Las cifras son escandalosas. La demanda anual de trasplantes se estima entre 2-2,5 millones de enfermos mientras que la actividad no supera las 127.000 intervenciones: apenas un 5-6 % de quienes necesitan un trasplante lo logran. Por el contrario, en España más de un 90 % de estos pacientes lo consiguen a tiempo.

Estas diferencias nos ponen en el punto de mira de personas de todo el mundo que aspiran a trasplantarse en nuestro país.

Y aquí viene el problema: no hay órganos para todos y la competencia por los disponibles recae sobre las posibilidades de trasplantar a nuestros pacientes. España colabora con numerosos países para mejorar sus sistemas y son muchas las vidas salvadas de esta forma, pero nuestros 4.800 trasplantes anuales no pueden satisfacer esta demanda.

Se llama turismo de trasplantes al hecho de que una persona viaje a otro país con el único propósito de ser trasplantada, obviamente porque en su lugar de residencia no encuentran las condiciones adecuadas.

Ante todo, aclarar conceptos. No se exige nacionalidad española para ser trasplantado en nuestro país. Hasta un 9,25 % de los que lo recibieron en 2016 (446 de 4.818) habían nacido fuera, nada menos que en 62 países distintos, pero en su mayoría vivían regularmente en España desde hace años y tenían por tanto los mismos derechos y deberes que los nacidos aquí (con o sin papeles: a nadie se le ha negado un trasplante por no tenerlos), o bien les sobrevino una situación de urgencia vital que requirió tratamiento inmediato.

No hay discusión sobre estos casos. De igual manera, un 11,7 % de los donantes en España fueron personas no nacidas aquí. No es un problema dónde se ha nacido sino dónde se vive y a qué comunidad pertenece a todos los efectos.

Los intentos de acceso a nuestras listas de espera desde otros países han sido una constante en estos 25 años de liderazgo, de la mano de gente bienintencionada pero que desconocía o no se paró a pensar que pese a nuestras altas tasas de donación, nunca alcanzaremos a cubrir toda la demanda. Entre un 6-10 % de enfermos en lista de espera de corazón, hígado o pulmón fallecen cada año sin conseguir el órgano salvador. Cada trasplante a alguien que venga de fuera supone que alguien en nuestra lista de espera, español o no, pero con nombre y apellidos, va a fallecer o a permanecer en diálisis, aunque su identidad no salga a la luz. Así de claro.

La negativa sistemática de la ONT a estos intentos ha sido en general bien entendida, aunque no nos ha granjeado muchos amigos. Acceder a que se trasplanten enfermos de fuera (¿por qué unos sí y otros no?) no es una concesión graciable del médico, ni de una ONG, ni del que hace la recomendación (habitualmente un político), ni de la ONT: lo sería del enfermo que al final de la lista de espera no va a llegar a tiempo a trasplantarse y es más que dudoso que, de conocer las condiciones, él/ella o su familia dieran su aprobación.

A ello hay que añadir el riesgo real de repulsa a donar órganos de la población local si éstos acaban masivamente en enfermos de fuera y casi siempre con dinero de por medio. Esto es algo que ya ocurrió en países como Francia o Bélgica en los años ochenta, cuando los pacientes italianos inundaban sus listas de espera, con gran deterioro de la credibilidad de sus sistemas al mezclarse irremisiblemente intereses espurios en la admisión de enfermos.

La Directiva Europea de Atención Transfronteriza de 2012 excluyó los trasplantes de órganos de donante fallecido, lo que ya evitó un aluvión de enfermos de la Unión Europea hacia España (Alemania tiene la cuarta parte de los donantes que España; el Reino Unido, la mitad, y países como Bulgaria, veinte veces menos).

Pero ello no eliminó el problema. El turismo de trasplantes es probablemente la mayor amenaza que se cierne sobre nuestro sistema de cara al futuro. El caso de los ciudadanos búlgaros que en 2015 viajaron a España con falsos contratos de trabajo para acceder a la diálisis y al trasplante en Madrid, dentro de lo que la Guardia Civil denominó Operación RENIBUS, fue tan solo la punta del iceberg que nos permitió detectar casos similares de diversas nacionalidades en otras comunidades

La amenaza del turismo de trasplantes procede tanto de casos aislados de gente con recursos o influencia, como –sobre todo– de oleadas con efecto llamada como la antes descrita: personas bien asesoradas que tienden a buscar resquicios en la legislación para acceder fraudulentamente a las listas de espera.

Recientemente, el director de la organización autonómica de Cataluña exponía una serie de casos habidos en su comunidad pese a los filtros aplicados en todo el Estado, y lo mismo podría decirse de otras como Madrid o Andalucía, donde la presión va en aumento.

La única manera de frenar este fenómeno en alza es una legislación que establezca un periodo mínimo de residencia en España para acceder a las listas de espera: quizá 2-3 años, salvo casos de urgencia.

Esta ley, que estaría avalada por todas las recomendaciones internacionales (la OMS, el Consejo de Europa y el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes ya se han pronunciado en esta línea), no se desarrolló en su día por el prolongado periodo de gobierno en funciones.

Pero ahora es preciso plantear seriamente el tema y buscar un consenso que permita sacar adelante una ley de este tipo. Tanto las vidas de muchos de nuestros enfermos como la propia credibilidad futura del sistema van a depender de ello. Mirar hacia otro lado no es una opción.