Los efectos de la talidomida en España han tenido que esperar 50 años para pasar por los tribunales. El caso ha quedado visto para sentencia. Unos 180 afectados piden 204 millones de euros de indemnización; la farmacéutica que comercializó el medicamento entiende que los hechos han prescrito

Las trágicas consecuencias de la talidomida
GRA015 MADRID, 14/10/2013.- Las víctimas de la talidomida pedirán 204 millones de indemnización en el juicio que se celebra hoy contra la farmacéutica Grünenthal, fabricante de este fármaco indicado para las náuseas de las embarazadas y que causó graves malformaciones en los fetos.En la foto, uno de los afectados por el medicamento a su llegada al juzgado de primera instancia de Madrid, tras la demanda que interpuso hace un año y medio la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) contra el laboratorio alemán para que indemnice con 204.504.000 euros a 180 afectados. EFE/Zipi
  • 15 de octubre, 2013
  • MADRID/EFE/BELÉN ESCUDERO

Unos 180 miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) han reclamado en un juzgado de Madrid que la farmacéutica Grünenthal, fabricante del fármaco, les indemnice con 204 milllones por las malformaciones que sufrieron , pero la empresa ha pedido que la demanda se desestime por que ha prescrito y por falta de pruebas.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

Esta es la historia de las consecuencias nefastas de un fármaco en una época que se remonta cinco décadas atrás.

La talidomida era un sedante que comenzó a venderse a partir de 1957 y que se administraba como complemento inocuo para tratar las náuseas, la ansiedad, el insomnio y los vómitos matutinos de las embarazadas, pero que causó graves malformaciones en los fetos. Así la presentan las víctimas en la demanda que ha acabado en el juzgado.

El fármaco se empezó a vender masivamente en 1957 como sedante y para paliar las náuseas y mareos de las embarazadas, y se distribuyó como “absolutamente seguro y carente de todo riesgo bajo decenas de nombres comerciales”, según las víctimas.

Pero meses después de ser administrado a las pacientes, comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes nacimientos de niños con graves malformaciones y ausencia de extremidades.

Médicos y científicos establecieron pronto la relación entre la talidomida y esas malformaciones y comenzaron a dar la voz de alarma que, según las víctimas, “fueron desoídas”.

No fue hasta el 11 de noviembre de 1961 cuando el pediatra alemán Widukind Lenz (1919-1995) vio con claridad que la causante de todas esas malformaciones era la talidomida.

A finales de 1961, las evidencias de los efectos teratogénicos de la talidomida eran tales que fue retirada del mercado en Alemania.

Para ese momento, miles de niños habían nacido en todo el mundo con “gravísimas malformaciones”, según AVITE.

“Eran bebés -dicen las víctimas- que de no haber sido expuestos a la toxicidad del fármaco en el seno materno hubieran nacido sanos. Muchos de ellos murieron, bien porque la talidomida les afectó gravemente al cerebro y al corazón y otros órganos internos vitales, bien porque se suicidaron con el paso de los años, por no poder sobrellevar su carga”.

Pero otros muchos superaron todos los obstáculos, llegaron a adultos y están ahora representados en el juicio.

Como consecuencia de estos hechos, en 1968 dio comienzo en Alemania el llamado proceso Contergán y dos años después el laboratorio y los afectados de aquel país llegaron a un acuerdo por el que éstos fueron indemnizados con 110 millones de marcos.

Pero el caso español presenta ciertas particularidades porque el fármaco fue retirado del mercado en 1961 en Alemania, donde se originó el problema, pero, según consta en la demanda de AVITE, en España “siguió administrándose varios años más” a pesar de su prohibición mundial, lo que la empresa farmacéutica niega ya que afirma que se retiró a finales de 1961.

En Alemania, las víctimas han conseguido acuerdos indemnizatorios con la farmacéutica, pero en España no se han alcanzado a pesar de que ambas partes han mantenido tres reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid.

Los contactos entre las víctimas y la farmacéutica comenzaron en 2010 después de que el Gobierno aprobara un real decreto por el que concedía un millón y medio de euros en concepto de ayuda a una veintena de personas reconocidas como afectadas en España durante el periodo 1960-1965.

Ahora las víctimas buscan ser sean indemnizadas por esa tragedia tras más de 50 años de estos hechos.