Seis ciudadanos búlgaros accedieron de forma fraudulenta al sistema nacional de trasplantes y consiguieron que se les implantara un riñón. Para conseguir el acceso, pasaron previamente por un tratamiento de diálisis según ha explicado el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz
La Guardia Civil ha detectado un fraude relacionado con ciudadanos procedentes de países del Este, fundamentalmente de Bulgaria, que mediante altas ficticias a la Seguridad Social permitía obtener la tarjeta sanitaria y acceder a diálisis y a la lista de espera para trasplantes renales.
Esto ha supuesto un coste para el sistema sanitario de 1,5 millones de euros.
En declaraciones a Efe, el director de la ONT, Rafael Matesanz, ha señalado que este procedimiento no hubiera funcionado en trasplantes de órganos que se realizan “de una forma más rápida” pero que, en el caso del renal, el acceso, de forma también ilegal, al tratamiento previo de diálisis, hizo posible la llegada de los riñones.
La operación Renibus
La operación, denominada Renibus, se ha centrado en la Comunidad de Madrid, donde se han detectado todos los casos. No obstante, se ha hecho un llamamiento al resto de comunidades para que investiguen posibles acúmulos de extranjeros en las listas de espera para trasplantes.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa, ha calificado la operación de relevante a nivel nacional y ha explicado que comenzó hace un año, cuando la ONT detectó un número anómalo de ciudadanos de Bulgaria en la lista de espera para trasplantes de riñón.
El comandante Reina, jefe del grupo de Delincuencia especializada de la Guardia Civil, ha explicado que no hay ninguna organización criminal detrás ni nexo de unión entre todos los casos, sino que se producía un “efecto llamada” mediante el “boca a boca”.
A los investigadores les llamó la atención que pacientes que, en su mayoría necesitaban hasta cuatro horas diarias de tratamiento médico se diesen de alta como jardineros, empleados de hogar o en la construcción.
La ilegalidad de trasplantes
Matesanz ha detallado que los “trasplantes ilegales” representan un 10 por ciento de los que se realizan a nivel mundial. No obstante, como “el control es bastante estricto se ha podido detectar el fraude”.
Esto supone una tarea compleja porque “no es fácil detectar casos que sean ilegales como estos” porque el 8 % del total de trasplantes se realiza a ciudadanos extranjeros que están aquí residiendo legalmente, que son inmigrantes o que tienen su segunda residencia en España y que están en su derecho de recibir esta atención médica.
Las inspecciones
En esta operación 20 personas han sido investigadas -antes imputadas- por fraude a la Seguridad Social y 6 como falsos empleadores, aunque ninguno de ellos ha sido detenido y se les imputa un delito de simulación o tergiversación de hechos para acceder a los beneficios que otorga la Seguridad Social, lo que puede estar penado con hasta 6 años de cárcel.
La inspección de Trabajo ha comprobado la existencia de varias empresas ficticias en las que los empleadores eran de distintas nacionalidad y alguno de ellos español, que contrataban a los pacientes y que, en algún caso, llegaron a cobrar entre 100 y 200 euros por darles de alta.
Cifras sobre los trasplantes
El director de la ONT ha apuntado que en España hay 25.000 personas en diálisis y 4.327 en lista de espera para acceder a un riñón. Además, el coste de un trasplante es de 50.000 euros, “lo mismo que un año de tratamiento de diálisis”, ha añadido.
Bulgaria es un país en el que se realizan cada año 58 intervenciones frente a los casi 3.000 de España. Además, mientras en Bulgaria la tasa de donantes por millón de habitantes es de 5, en España es de 40.
Matesanz ha manifestado que las 6 personas que han sido trasplantadas podrían seguir en España, ya que requieren de un seguimiento y de un tratamiento con fármacos financiados.
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