El Gobierno derogará la reforma sanitaria que privó de tarjeta a los inmigrantes irregulares

El anuncio hecho hoy por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, es una de las medidas sociales que el PSOE venía reclamando desde que el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, aprobara el real decreto 16/2012 de reforma sanitaria que entró en vigor en septiembre de ese año.

Desde entonces, los inmigrantes en situación irregular perdieron su derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque estaba garantizada su asistencia en los servicios de urgencias, así como para los menores y las embarazadas.

Con esta medida, el Gobierno del PP pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la “sostenibilidad” y “universalidad” de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los “abusos” en sus prestaciones.

Entre las medidas que también contempla el real decreto aún vigente destaca el “copago” de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos, por primera vez, los pensionistas.

Otro de los objetivos del Gobierno entones era sentar las bases para establecer una cartera de servicios común que eliminase las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada comunidad autónoma.

Tres años después de la aprobación de esta reforma, el sucesor de Mato al frente del Ministerio de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que los inmigrantes en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primara en el SNS, aunque sin recuperar la tarjeta sanitaria.

No obstante, este medida nunca se llevó a la práctica aunque varias comunidades aprobaron distintas fórmulas para atender a ese colectivo, que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC), que dio la razón al Gobierno al considerar que eran contrarias a la ley.

La reforma sanitaria del PP ha sido fuertemente contestada por ONG, sociedades médicas y partidos de la oposición que han pedido reiteradamente su derogación.

Una derogación “extraordinariamente” importante

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha advertido de que se trata de un asunto “extraordinariamente importante” para toda la sociedad y de “decencia política”.

Celaá ha explicado que la reforma sanitaria se aprobó a través de un Real Decreto en abril de 2012, con lo que el Gobierno tendrá que elaborar uno nuevo para dejarlo sin vigencia, cuyo texto podría estar listo en seis semanas para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Posteriormente, según ha explicado, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

“Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado”, ha señalado Celaá.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se reunirá en la última semana de junio con los consejeros autonómicos del ramo para abordar de “forma conjunta” el proceso de recuperación de la asistencia sanitaria universal, paso previo a derogar la reforma sanitaria.

En un comunicado, el departamento que dirige Montón ha explicado que la ministra ha presentado en el Consejo de Ministros “la hoja de ruta” para marcar los pasos a seguir en este proceso en el que contará también con la opinión de la los agentes sociales, la sociedad civil, asociaciones, y sociedades científicas y profesionales.

Según Sanidad, el primer paso se ha dado con la convocatoria de la comisión delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará el próximo 20 de junio, con el único punto del orden del día: la universalidad en el Sistema Nacional de Salud.

La reforma sanitaria, aprobada con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, introdujo también nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaban a a los pensionistas.

Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos aprobaron iniciativas para aumentar la protección a los “sin papeles”, que fueron recurridas por el anterior Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que éste revocó al considerar que este colectivo no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, como ha recordado la también ministra de Educación.

La portavoz ha augurado que una vez aprobada la nueva norma, “no habrá ninguna comunidad que la incumpla”.

“Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el Real Decreto fue publicado”, ha dicho Celaá.

Buena acogida a la derogación de la reforma sanitaria

Asociaciones sanitarias, los representantes de los colegios de médicos y de enfermeros, o el Defensor del Pueblo han acogido favorablemente la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para derogar la reforma sanitaria en vigor.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que existen razones “humanitarias, de justicia, de organización sanitaria, de salud pública e incluso económicas” para revocar el real decreto de la reforma sanitaria.

Insiste en que la reforma solo ha provocado “sufrimientos y muertes a personas indefensas” con lo que su fin permite “poder sentirnos orgullosos” del país.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha señalado que hoy “es un buen día” al volver a restituir el principio de que la sanidad sea un bien publico universal al alcance de los españoles y de los que residen sin ser españoles, que “cercenó” la reforma sanitaria del PP.

Un principio que comparte “mucha gente” en España, ha dicho Marugán en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Barajas, donde ha recordado que la institución que dirige “atacó desde el primer momento” el real decreto de reforma.

Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha expresado su satisfacción por el “retorno de la universalidad a la sanidad pública” y ha criticado la reforma por tratarse de unas “medidas restrictivas” que han afectado tanto a usuarios como a profesionales.

También el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha considerado que se trata de una medida “equitativa, solidaria y justa”, que “recupera el sentir de nuestra Ley General de Sanidad y defiende sobre todo a los más débiles poniendo de relieve que, también en sanidad, ‘obras son amores y no buenas razones”.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha mostrado su deseo en participar en el desarrollo de este real decreto de derogación de la reforma sanitaria con el fin de que “se tenga en cuenta la perspectiva de los pacientes y que puedan exponer sus necesidades y ayudar en este gran paso de acceso a todas las personas, que así lo requieran, al Sistema Nacional de Salud.”