Los centros penitenciarios constituyen una oportunidad para el cuidado de la salud mental de los presos. Sin embargo, muchos expertos denuncian desigualdades e ineficacia en el acceso a la asistencia sanitaria en salud mental en estos centros
Con el objetivo de analizar la atención a la salud mental en las prisiones españolas, la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) han elaborado el ‘Libro Blanco sobre la atención sanitaria a las personas con trastornos mentales graves (TMG) en los centros penitenciarios de España’.
El informe refleja que en 2023 la atención sanitaria penitenciaria comparte la misma escasez de médicos de atención primaria y psiquiatras que el sistema nacional público de salud.
El objetivo de este estudio es evidenciar los desafíos y las necesidades no satisfechas, hacer recomendaciones y proponer soluciones factibles que, desde la perspectiva de expertos, sirvan para mejorar la salud mental de las personas que ingresan en prisión.
Cifras de salud mental en los centros penitenciarios
Aunque la prevalencia real de personas con TMG en el medio penitenciario español se desconoce con precisión, los datos proporcionados por el informe estiman al menos que, entre 4 y 5 de cada 100 personas internas, tienen un trastorno mental grave.
Las cifras muestran que del total de personas internas valoradas en consulta psiquiátrica, al menos la mitad son diagnosticadas con un trastorno mental grave.
Además, según afirma el doctor Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, menos del 70 % de las personas internas con un TMG no han tenido ningún seguimiento de su salud mental antes de su entrada en prisión.
“El medio penitenciario constituye una oportunidad para el cuidado de su salud mental y la estabilización de los síntomas de su trastorno”, sostiene el doctor.
La atención especializada en psiquiatría se lleva a cabo en el 95 % de los centros penitenciarios mediante médicos psiquiatras.
Sin embargo, la mayoría de estos profesionales actúan únicamente como interlocutores siendo el tratamiento y el seguimiento responsabilidad única del médico de la prisión.
El 61 % de los centros penitenciarios en los que los servicios públicos prestan atención sanitaria, lo hacen parcialmente, variando de una vez a la semana a una vez al mes.
Basanta lamenta que “en 2020, la ratio de médicos penitenciarios en la Administración Central se situó en 5,2 médicos por cada 1000 presos”.
“Además esta ratio tiende a disminuir debido a la reducción del personal médico por escasez de incentivos, envejecimiento de la plantilla y jubilación sin recambio generacional”, explica el doctor.
Desigualdad en el tratamiento de la salud mental de los presos
Tan solo tres comunidades autónomas tienen integrados los servicios sanitarios penitenciarios en el sistema de salud.
Solo Cataluña, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra tienen transferidas las competencias de sanidad penitenciaria en el año 2023.
Sin embargo, Andalucía y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor número de personas con necesidades altas de cuidados de su salud mental en sus centros penitenciarios.
En las Comunidades Autónomas sin competencias de sanidad penitenciaria, la provisión de servicios sanitarios en las prisiones depende directamente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, una entidad no sanitaria que funciona como un sistema sanitario paralelo y poco conectado con el sistema autonómico de salud.
El doctor Alfredo Calcedo-Barba, expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, afirma que “la Administración penitenciaria no es la más idónea para proveer y gestionar la asistencia sanitaria de las personas judicializadas”.
Calcedo-Barba señala que esta situación genera diferencias y desigualdades en el tratamiento especializado en salud mental de las personas en prisión.
“Los modelos de Cataluña, Navarra y País Vasco sirven de referencia y experiencia previa para planificar y ajustar las buenas prácticas adoptadas”, subraya el experto.
El informe analiza también detalladamente las diferencias a nivel internacional.
Perfil de las personas con TMG en los centros penitenciarios
Las personas con un TMG que ingresan en prisión son generalmente varones jóvenes (entre 18 y 30 años), sin recursos económicos ni domicilio estable y con trastornos psicóticos. Además, suelen ser reincidentes en los delitos.
Las mujeres que ingresan en un centro penitenciario con un TMG representan el 7,5 % del total de las
personas internas en España.
Durante el ingreso penitenciario es común que su salud mental se vea deteriorada con cuadros de ansiedad, depresión y trastornos relacionados con fobias.
En el caso de los menores que ingresan en prisión con un TMG destaca frecuentemente su comportamiento conflictivo y su dificultad de adaptación al centro penitenciario.
El informe subraya especialmente como subgrupos más vulnerables: las mujeres, los menores extranjeros no acompañados y las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Altas necesidades de cuidados de salud mental en los centros penitenciarios
Joaquín Antón Basanta y Alfredo Calcedo-Barba coinciden en que las personas internas tienen altas necesidades de cuidados de su salud mental que los centros penitenciarios ordinarios de las CCAA no son capaces de asumir.
El libro blanco refleja que la mayoría de las necesidades de cuidado mental de los presos son asumidas por médicos penitenciarios no especializados en psiquiatría.
“Desde el punto de vista psiquiátrico, la patología dual (que asocia un trastorno mental con un trastorno
por abuso de sustancias) y los trastornos psicóticos son los diagnósticos más habituales.” , afirma Calcedo-Barba.
Además, el doctor explica que el consumo de sustancias dificulta y retrasa el diagnostico de una patología dual en el entorno penitenciario. El diagnóstico de un trastorno psicótico es más complejo y se hace más tardíamente.
Algunos datos significativos y relevantes del Libro Blanco, presentado por la SEPL y la SESP, son las cifras que demuestran que las personas que sufren esquizofrenia u otras psicosis tienen el doble de probabilidad de ser encarcelados que los pacientes con otros diagnósticos, y las personas con una patología psiquiátrica que salen de prisión tienen hasta diez veces más posibilidades de ser encarceladas de nuevo.
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