Profesionales sanitarios y unas 30 sociedades científicas, agrupados en el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), califican de "aberración" el comunicado conjunto de los gobiernos de Andalucía, Extremadura, Cantabria, Canarias y La Rioja. La polémica está servida en vísperas del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo.
Las comunidades de Cantabria, Andalucía, Extremadura, Canarias y La Rioja han reclamado hoy de forma conjunta que la nueva directiva europea sobre el tabaco garantice un equilibrio entre la protección de la salud y la defensa del empleo y la actividad económica en este sector.
Esa reivindicación ha quedado plasmada en una declaración institucional conjunta suscrita en la localidad cántabra de El Bosque (Entrambasaguas), en la que las cinco comunidades muestran su "preocupación" por los efectos que puede tener la revisión de esta normativa sobre un sector estratégico en sus respectivos territorios y que emplea a 56.000 personas en España.
En la declaración institucional, los representantes autonómicos subrayan que comparten los objetivos de la directiva, entre ellos, el de proteger la salud y reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes.
Pero insisten en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre esos fines y la actividad y el empleo en un sector que, según recuerdan, es también una importante fuente de ingresos a través de impuestos, con una recaudación anual de 9.300 millones de euros.
En su opinión, la Unión Europea debe "reconsiderar" su propuesta y piden la colaboración del Gobierno español para conseguir que la revisión de la directiva sea "proporcionada" a los objetivos pretendidos.
Los presidentes autonómicos se explican
A juicio del presidente extremeño, José Antonio Monago, la UE ha planteado de forma "tramposa" y "amañada" el debate sobre el tabaco, porque habla de proteger la salud pero en su propuesta de directiva regula solo cuestiones empresariales.
El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha confiado en que el Ejecutivo central defienda "con uñas y dientes" este sector, sobre todo, en estos momentos de crisis económica y de alta tasa de paro, especialmente en su comunidad.
El jefe del Ejecutivo cántabro, Ignacio Diego, ha llamado a la implicación de todos para "hacer lo posible" para alcanzar el "necesario equilibrio" y ha subrayado que, con la firma de la declaración conjunta, las cinco comunidades están haciendo "un ejercicio de responsabilidad".
Para el presidente riojano, Pedro Sanz, nadie debe "rasgarse las vestiduras" con este debate, que se debe abordar, a su juicio, "sin confrontación y con toda naturalidad".
Por su parte, el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha confiado en que esta declaración institucional contribuya a que el Gobierno español tenga "una voz y argumentos más claros" en Europa, frente a una reforma que, en su opinión, no está "suficientemente justificada".
En representación del sector, el presidente de Tabacalera, Fernando Domínguez, ha afirmado que la industria tabaquera soporta la presión de una regulación "asfixiante" pero que aún la Unión Europea considera insuficiente.
Los profesionales sanitarios replican
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), del que forman parte más de 30 sociedades científicas, ha calificado de "incoherente" y de "aberración" la declaración de las cinco comunidades autónomas.
"No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo", exponen los profesionales sanitarios, para quienes sostener este criterio es "indignante", puesto que en la declaración subrayan que comparten, entre otros, el objetivo de la norma de proteger la salud y reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes.
"Si es así, ¿por qué tratan de desvirtuarla hasta dejarla en nada o en simple papel mojado?", se preguntan en la junta directiva del CNPT.
Los sanitarios mantienen la tesis de que el encuentro donde se ha suscrito la declaración, celebrado en las instalaciones de la empresa Altadis, ha sido una "obscena confluencia de intereses económicos y políticos".
Firmar este documento en la sede de una multinacional tabaquera no sólo conlleva, para este colectivo, una "pérdida de todo su valor y credibilidad político-institucional", sino que además "pone a los políticos que la han ratificado bajo la sospecha de estar en una confluencia de intereses oscuros" con una industria "que se niega a ser regulada y únicamente persigue el mantenimiento de su cuenta de resultados".
De hecho, en el CNPT están convencidos de que se asiste "a una estrategia declarada en virtud de la cual la industria del tabaco moviliza en su favor a relevantes políticos con el fin de defender sus propios intereses".
Precisamente, hace ahora un año la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la celebración del Día Mundial sin Tabaco del 2012, el 31 de mayo, alertaba de la interferencia de la industria tabaquera en las legislaciones y la política.
La OMS recomienda que los países apliquen, entre otras, las siguientes medidas: "limitar las interacciones con la industria tabacalera y dar a conocer todas las reuniones que mantengan con ésta; no aceptar las alianzas y los acuerdos sin fuerza jurídica con la industria; rechazar fondos y otras formas de apoyo de la industria, así como el respaldo y la participación de esta en iniciativas dirigidas a los jóvenes".
Además, advierte de que los países "no deben conceder estímulos, privilegios ni beneficios a la industria tabacalera, tales como subvenciones o exenciones de impuestos, y deben erigir muros de contención contra la interferencia de la industria en la salud pública".