El Gobierno deja en manos de las comunidades y el Supremo las medidas de la pandemia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir ante el Tribunal Supremo la presunta vulneración de derechos fundamentales en sus medidas de control de la pandemia, lo que a juicio del Gobierno mejorará la seguridad jurídica y dará más coherencia al sistema.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado cuenta de esta decisión que entrará en vigor el próximo 10 de mayo, con el fin del estado de alarma, y que pretende ofrecer “tranquilidad” a las autonomías en las restricciones que decidan para combatir al coronavirus.

El Ejecutivo, según ha explicado Calvo, ha informado previamente al alto tribunal de su intención de cederle esta última palabra y dar así un paso más en el camino que ya había iniciado en septiembre cuando se modificó la ley para que fueran los TSJ de cada comunidad, y no los juzgados ordinarios, los encargados de resolver sobre las restricciones.

En este caso, el Supremo tendrá “un tiempo récord” de cinco días para responder a un Gobierno autonómico.

“Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes con garantía constitucional y con una nueva capacidad de protección que es la que nos ofrece el Supremo”, ha incidido Calvo.

Así, a partir del 9 de mayo acabarán de forma generalizada los toques de queda para todas las comunidades autónomas y también los cierres perimetrales, que han sido dos de los grandes instrumentos de lucha contra la pandemia desde que octubre pasado se activara el segundo estado de alarma contra el coronavirus.

Sin embargo, ha explicado Calvo, es “evidente” que las autonomías que lo necesiten pueden justificar, argumentar, proponer y decidir el toque de queda, los confinamientos o cualquier otra circunstancia, que quedará pendiente de ser avalada por los tribunales y por el Supremo en última instancia.

La vicepresidenta primera ha apuntado que la Justicia “ha acompañado” las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos y ha operado en una dirección “garantista” en la protección de la salud.

Calvo ha defendido que el estado de alarma tenía que llegar a su fin porque se trata de una prerrogativa pensada para situaciones excepcionales, que no se pueden convertir en algo permanente.

Con el peso de la vacunación España, al igual que otros países europeos, transita ahora hacia “otros escenarios” con “otras condiciones”, ha añadido.

“El Gobierno siempre es responsable de su posición, consciente de sus obligaciones y sus competencias y ha venido trabajando para tener una respuesta a partir del día 9, que salimos del estado de alarma pero no de la pandemia”, ha expuesto la vicepresidenta, acompañada de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Otras de las medidas que se prolongarán serán las vinculadas a controlar a los pasajeros internacionales: el Gobierno ha vuelto a ampliar hasta el 25 de mayo las restricciones a los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica, con lo que solo podrán aterrizar en los aeropuertos españoles aeronaves procedentes de estos países ocupadas por españoles o residentes.

En este nuevo decreto, coordinado por Calvo, han participado nueve ministerios.