El presidente del Comité europeo de Derechos Sociales, Luis Jimena Quesada, declaró a Efe que la actual normativa española «debe ser modificada por el Gobierno o el Parlamento, desatendida por las Comunidades Autónomas, no aplicada por los órganos jurisdiccionales nacionales y anulada por el Tribunal Constitucional».
Coincidiendo con la publicación de las Conclusiones de 2013 del Comité, Jimena añadió que ello no supone «un acto de rebeldía», sino «de responsabilidad y de coherencia con los compromisos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España».
Según las Conclusiones, España incumple ese punto de la Carta junto a Francia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Finlandia, Lituania, Letonia, República Checa, Bulgaria y Macedonia.
Ese «trato discriminatorio», señala este Comité, se produce por la «duración excesiva de los requisitos de residencia antes de poder recibir asistencia», aunque en algunos casos «se debe a la retirada automática del estatus de residencia para extranjeros en necesidad de asistencia social».
