«El excesivo empeño» en apuntar que la privatización es la «pieza clave» de la eficiencia sanitaria «no sólo no está avalada por datos nacionales y experiencias internacionales», sino que «desenfoca» la necesidad de analizar aspectos más importantes, según el Real Instituto Elcano, organismo privado dedicado a estudios internacionales y estratégicos.
El estudio «Gestión pública y gestión privada de servicios sanitarios públicos: más allá del ruido y la furia, una comparación internacional», en el que se analiza la actual situación de la sanidad, ha sido elaborado por los profesores de la Universidad de Murcia Fernando I Sánchez y José María Abellán, y de la de Castilla La Mancha Juan Oliva.
La cuestión de fondo, aseguran, reside en complementar los principios del sistema sanitario -universalidad, solidaridad y equidad- con normas de buen gobierno.
Estas normas, aseguran, son la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, la participación de los agentes sanitarios en las decisiones, y la promoción y defensa de una cultura de integridad, buenas prácticas y ética profesional a todos los niveles, así como criterios explícitos de eficiencia y calidad en las decisiones que se adopten.
«Un gobierno sanitario que no avance en estos aspectos no podrá involucrar al resto de profesionales y sociedad civil en la compleja tarea de avanzar en la solvencia del sistema sanitario», advierten.
Los autores consideran que políticas no justificadas y mal comunicadas dan lugar al desapego de los profesionales y a la desafección del ciudadano hacia el sistema sanitario público y hacia sus representantes.
Por encima de todo, inciden los profesores, deben primar decisiones «inteligentes», informadas previamente por el conocimiento científico y técnico disponible, y que cuenten con la participación de los profesionales y los ciudadanos.
Reformas más allá del debate público/privado
La escasa información disponible en España y las experiencias de otros países apuntan que para garantizar la solvencia del sistema sanitario, es necesario abordar reformas de «mucho mayor calado» que el mero debate entre público o privado.
Factores como el entorno administrativo e institucional, la cultura de los centros, las condiciones de los contratos y la adecuada supervisión por parte del financiador de la calidad del servicio, son algunos elementos que también deben tenerse en cuenta.
En cualquier caso, en su investigación explican que, a la hora de planificar el esfuerzo primero, y evaluarlo después, éste debe dirigirse a gestionar áreas y no exclusivamente centros.
Esta línea de trabajo ayudaría a calcular el coste integral de la atención a una población, reforzaría los incentivos para mejorar la coordinación asistencial e incluso potenciaría programas de promoción y educación de la salud de la población.
El reto de la financiación
Respecto a la financiación, consideran que debería ajustarse al riesgo de la población a la que va destinada, es decir, que debe tener en cuenta el perfil poblacional (edad, sexo, cronicidad y otros elementos como la densidad de la población, la renta per cápita o el nivel de pobreza).
Además, para que la financiación sea correcta es necesario saber si los centros llevan a cabo trabajos de investigación y si son docentes, así como controlar las derivaciones de pacientes a otras áreas y las compensaciones presupuestarias correspondientes.
Ello, subrayan debe realizarse bajo la premisa general de que la financiación «no debe estar sometida a la actividad realizada, sino a los resultados en salud obtenidos».
Es decir, que los presupuestos deben orientarse a pagar por aquello que deseamos obtener.
«Y no queremos tener más pacientes crónicos hospitalizados por descompensaciones o más reingresos por complicaciones tras una intervención quirúrgica, sino tener una población más sana», señalan los profesores en su análisis.
Por tanto, los recursos se deben orientar a resolver los problemas de salud y ello obliga a incluir indicadores de salud poblacional y de la calidad asistencial prestada que permitan recompensar a las organizaciones que mejores resultados obtengan.
Lógicamente, todo esto exige un diseño inteligente de la financiación basada en la información que genera el sistema y que el mismo sea mucho más transparente y conocido por parte de la ciudadanía y los profesionales sanitarios.
También supone que los responsables que gestionan los centros y las áreas rindan cuentas a quien financia sus actividades (servicios y consejerías de salud) y, por supuesto, que los responsables de mayor nivel fijen criterios claros de actuación basados en indicadores de calidad y eficiencia y rindan cuentas a la ciudadanía de su labor.
