Así lo han informado a EFE fuentes del departamento que dirige Mónica García, que especifican que esta decisión sobre la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios españoles se toma en virtud del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que «obliga a todas las partes» incluidas en ella.
El miércoles es cuando acaba el plazo para que las distintas autonomías analicen la propuesta que este lunes les ha trasladado el Ministerio de retomar el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios, que hasta ahora solo han aceptado seis: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y, desde mañana, Canarias y Asturias.
Mientras, el resto aboga por un uso recomendado y así se lo han hecho saber a la ministra durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que varios consejeros le han pedido que acompañe los criterios técnicos que avalan esta medida.
Sin embargo, la declaración de actuaciones coordinadas implicará que ellas también deban imponerla.
La intención de Sanidad es unificar la protección de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales.
Esta fórmula ya se utilizó durante la pandemia de covid-19 para imponer restricciones como limitaciones horarias de la hostelería, cerrar el ocio nocturno o prohibir fumar en la calle una vez las comunidades recuperaron sus competencias al acabar el estado de alarma.
De acuerdo con la citada ley, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, «en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas».
Esta declaración, que «obliga a todas las partes incluidas en ella», debe «responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública», entre otros supuestos.
El Consejo se había reunido este lunes en sesión extraordinaria telemática y a petición de Sanidad para «unificar criterios» ante el repunte de la gripe y otros virus respiratorios y coordinar medidas homogéneas en todo el país.
La obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros sanitarios, residencias y farmacias finalizó el pasado 5 de julio tras la decisión del Consejo de Ministros al considerar finalizada la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus.
Autojustificar la baja por enfermedad leve
En la reunión, Sanidad también ha trasladado a las comunidades que estudia junto a otros ministerios que se pueda autojustificar la baja por enfermedad leve los tres primeros días a fin de no burocratizar más la Atención Primaria.
La ministra Mónica García ha explicado que se trata de una autodeclaración responsable que se traslada al médico, quien hace de intermediario de alguna manera.
En declaraciones a TVE, la ministra ha insistido en que es una medida demandada por la Atención Primaria desde hace décadas si bien no ha dado una fecha para su implantación, dado que «queda por hablar con muchos actores, y ver las consecuencias».
Se trata, ha incidido, de quitar trabajo a los profesionales de Atención Primaria «que deberán centrarse en aquellos procesos que añadan un valor a su día a día, ello destensaría mucho el sistema».
Ha explicado que Sanidad está en conversaciones con los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, y se valorará con la evidencia científica para ver su aplicación. También ha reconocido que queda por hablar con los empresarios.
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) aplaude la propuesta que estudia el Ministerio de Sanidad para que se pueda autojustificar la baja laboral por enfermedad leve en los primeros tres días, y calcula que la medida reduciría hasta un 20 % las consultas de la Atención Primaria.
En declaraciones a EFE, el responsable del grupo de Salud Laboral de la SEMG, Francisco Sáez, ha señalado que «lo que no tiene sentido es que un trabajador con una gripe o un catarro tenga que ir corriendo al centro de salud a que le firmen un parte de baja, es un sinsentido y un absurdo», pero además, «sobrecarga» unos centros de salud ya de por sí saturados.
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