El Gobierno podría acortar la permanencia de 14 días de la fase de desescalada

Según han informado a Efe distintas fuentes autonómicas, Sánchez lo ha trasladado así a las líderes territoriales en la undécima videoconferencia con los presidentes autonómicas para analizar el proceso de desescalada una vez que la totalidad de España entra desde mañana en las fases 1 y 2.

En rueda de prensa posterior a esta reunión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha manifestado que si bien el criterio fijado es que un territorio permanezca 14 días en una fase antes de pasar a la siguiente en el proceso de desescalada, este plazo se puede acortar en función de cómo evolucione la pandemia.

Según el ministro, "lo que hay vigente es lo que se acordó (14 días) y estado de alarma se aplicará donde sera necesario y el mínimo tiempo necesario. Vamos a ir tomando las decisiones oportunas".

El ministro ha reiterado que la desescalada es un proceso "gradual, simétrico y flexible", el que se estudia el ritmo epidemiológico de cada unidad territorial y ha dejado claro que la mayoría de presidentes autonómicos han manifestado que están a favor de seguir limitando la movilidad que rige bajo el estado de alarma.

Con todo, Illa ha señalado que, tal y como está planteado, la movilidad fuera de la provincia se permitirá en la fase 3, una situación a la que toda España llegue a finales de junio o principios de julio.

Precisamente hasta que no esté en fase tres no se pueden abrir los gimnasios, ha recordado el titular de Sanidad preguntado por estos establecimientos que, ha dicho, "requieren especial atención", pues en ellos se hacen uso compartido de elementos y zonas comunes como vestuarios.

Segunda oleada del estudio de seroprevalencia

El ministro de Sanidad ha informado de que a finales de la primera semana de junio se conocerán los resultados de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia que, aunque sus resultados sean preliminares, serán "significativos".

Participan más de 61.000 ciudadanos, al igual que en la primera oleada, y se espera que concluya en la semana siguiente y sus resultados se conozcan a finales de la primera semana de junio.

La primera oleada reflejó que solo el 5% de la población es inmune.

En cuanto a la realización de pruebas diagnósticas en los centros privados, el ministro ha recordado la orden en la que se indicaba que "toda organización pública y privada que haga tests tiene que comunicar el material que tiene y los test que hacen", y ha incidido en que quien incumpla esa obligación "deberá atenerse a las consecuencias".

Por otro lado, una orden "más reciente" indica que todos los laboratorios que realizan pruebas PCR "deben trasladar sus resultados a Sanidad para poder contrastar con otras fuentes de informaciones y tener datos más robustos", ha matizado.

Ha insistido en que para el Gobierno, "el test más fiable es el PCR, sobre el que descansamos nuestra estrategia de diagnostico", mientras que las pruebas de anticuerpos "se usan conforme a criterios establecidos por el Instituto de Salud Carlos III en situaciones de prevalencia alta de la enfermedad".

Respecto a los fallecidos en residencias de mayores, Illa ha asegurado que "desde el principio" estos centros han sido "de nuestra máxima atención" y que las cifras de fallecimientos diarios hechas públicas por el Gobierno "incluyen a todas las personas que han fallecido en esos centros y que habían sido diagnosticadas de COVID-19.

"Los datos que proporcionamos nos los facilitan las comunidades autónomas e incluyen a todos los que teniendo diagnóstico positivo por PCR han sido notificados", ha aseverado.

Turismo y fondos contra el coronavirus

Por su parte, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa que el Gobierno pondrá en junio a disposición de las autonomías 6.000 de los 16.000 millones del fondo no reembolsable para luchar contra la COVID-19, que se aprobará próximamente.

En rueda de prensa al término de la videoconferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, Montero ha informado de que esta semana comienza la negociación con los grupos parlamentarios para la aprobación del fondo en el Congreso y para consensuar los criterios de reparto.

Asimismo, ha reiterado la intención del Gobierno de "promocionar el turismo nacional" y de ofrecer un turismo seguro de cara a la apertura al turismo extranjero que podrá llevarse a cabo en el mes de julio con criterios de seguridad.

Lo que reclaman algunas comunidades autónomas

Los presidentes autonómicos han propuesto este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, distintos ritmos en la desescalada en sus respectivas regiones, unos han pedido moderación y prudencia y otros un acortamiento de plazos.

El presidente catalán, Quim Torra, ha reclamado hoy al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el Estado pague a la Generalitat 13.000 millones de euros, 9.000 por deudas históricas acumuladas y 4.000 por los gastos extraordinarios por la crisis de la COVID y le ha anunciado que se opondrá a la prórroga del estado de alarma mientras no devuelva competencias.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que Madrid pueda aplicar durante la fase 1 algunas de las medidas contempladas en las fases 2 y 3, como abrir centros comerciales o flexibilizar horarios de los paseos.

Ayuso ha reclamado también más flexibilidad en los horarios de los paseos de los niños, que ahora mismo coinciden con el momento del día en el que hace más calor (de 12.00 a 19.00), de manera que sean las familias las que determinen cuándo es el mejor momento para salir con los menores.

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno "plena colaboración" para que la elecciones vascas del próximo 12 de julio se desarrollen "con seguridad y plenas garantías".

Además, Urkullu ha planteado "reconsiderar el formato, el contenido y la continuidad de estas reuniones" semanales por videoconferencia, ya que "es evidente" que la situación "es diferente y es mejor" a la que había cuando hubo que celebrar la primera.

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha anunciado que pedirá que toda la Comunitat pase a la fase 2 de desescalada a partir del 1 de junio, después de que, tras la recomendación de prudencia que hicieron los técnicos la semana anterior, los indicadores hayan señalado que esta autonomía "va en la buena dirección".

Más crítico se ha mostrado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha reprochado al Gobierno su "falta de sensibilidad" al volver a dejar a Granada y Málaga una fase por detrás del resto de su territorio y se ha cuestionado si el final de la alarma en las distintas autonomías se hará también "a la carta".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que Galicia pueda salir del estado de alarma una vez que concluya la fase dos, en la que entrará a partir de mañana lunes; y ha vuelto a reclamar que los gallegos puedan desplazarse libremente entre las cuatro provincias.

En este sentido se han pronunciado también el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que, además de pedir que se permita la movilidad entre las dos provincias extremeñas, ha propuesto que se amplíe a provincias de otras autonomías que estén en la misma fase.

También el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que, tras respaldar al Gobierno en la decisión de prorrogar el estado de alarma y defender a ultranza todas las prórrogas del confinamiento, ha planteado que se autorice la movilidad de los ciudadanos entre las provincias de una misma comunidad una vez se acceda a la fase 2.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, considera que la pandemia económica puede ser "más grave" que la sanitaria, de ahí que sea partidario de adelantar los plazos, siempre que sigan los datos positivos, de cara a recuperar cuento antes la economía.

Otra visión bien distinta llega desde Asturias, donde el jefe del Ejecutivo del Principado, Adrián Barbón, ha defendido la necesidad de mantener el estado de alarma "como mínimo" hasta finales de junio para evitar que los desplazamientos entre comunidades en distinta fase de desescalada pueda provocar rebrotes.