El fabricante del bio-bac asegura que no lo comercializó como un medicamento

El ministerio público también pide para él una multa de 40.500 euros por elaborar y vender al público desde 1997 el bio-bac como un medicamento, sin autorización administrativa, lo que considera que causó "un evidente peligro" a las 2.030 personas que lo consumieron.

Junto a Rafael Chacón, en el banquillo de los acusados, se sientan otras tres personas, el farmacéutico Miguel Echenique, el biólogo Enrique Martínez y la secretaria Consuelo Serdio, que se enfrentan a penas que oscilan entre los tres años y los dos años y medio de cárcel.

Durante su declaración en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, Chacón ha incidido en que el bio-bac "no tiene ningún elemento que pueda dañar la salud" y ha explicado que lo distribuyó como un "suplemento dietético" para la prevención y el tratamiento de cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas.

El procesado ha asegurado que en la composición del producto se indicaba "claramente" que eran proteínas y que el único formato que se distribuyó fue como solución oral y no como inyectable.

Chacón ha señalado que unas 10.000 personas han consumido el producto, pero ninguna de ellas ha demandado o presentado una reclamación contra la empresa distribuidora, Farmacéutica Chacón S.A. o el padre del acusado, Fernando Chacón, que creó la "autovacuna" que estaba en el origen del producto.

La defensa de Antonio Rafael Chacón solicita la libre absolución de su cliente por considerar que no ha incurrido en una infracción penal al elaborar y vender el producto denominado bio-bac, que, a su entender, es "inocuo" y "beneficioso" para la salud.

Las declaraciones de otros acusados

El procesado Miguel Echenique se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que los acusados Enrique Martínez y Consuelo Serdio también han subrayado que el bio-bac era "un complemento alimenticio o dietético" que no suponía ningún riesgo para los consumidores y han agregado que "jamás" se han referido al producto como un medicamento o "una vacuna contra el cáncer".

Durante el juicio, Ramón Palop, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha señalado que denunció la venta del bio-bac como "un medicamento ilegal" con "propiedades curativas" porque podía suponer un peligro para la salud pública, puesto que la Agencia no tenía conocimiento de la composición del producto.

En la sesión, una testigo ha manifestado, por videoconferencia desde Burgos, que su marido, fallecido en 2001 cuando estaba enfermo de cáncer de pulmón y no tenía solución con la medicina convencional, tomó bio-bac durante más de un año, después de ponerse en contacto con dos médicos que le dijeron que se iba a curar, si consumía este producto.

Según el escrito de acusación del ministerio fiscal, la distribución y venta del producto se hacía a través de una página web.

En este sitio web se ofrecía como si fuera un medicamento para el tratamiento de enfermedades del sistema inmunológico (sida, hepatitis y enfermedades virales), para el cáncer y afecciones degenerativas (artrosis, artritis y esclerosis), y se indicaba que no era tóxico, que era natural, sin efectos secundarios y seguro, "al no contener ningún elemento que pueda dañar la salud", añade el ministerio público.

Para la Fiscalía, el producto era un compuesto de proteínas y aminoácidos, que incumplía gran parte de las normas de producción, control y caracterización de un medicamento.

El acusado trabajó en la elaboración del producto desde 1994 y lo vendió al público como medicamento desde 1997, eludiendo los controles sanitarios, y generando, según el ministerio público, un evidente peligro para las 2.030 personas que lo consumieron en toda España, aquejadas de graves enfermedades como cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas.