Para el Ejecutivo, el euro por receta, que ya se aplica en Cataluña y está aprobado para enero próximo en la Comunidad de Madrid, vulnera la igualdad de los españoles
El Consejo de Ministros ha decidido recurrir los artículos 16 y 41 de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas de Cataluña, para impugnar dos tasas, una judicial por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia, y otra sanitaria, conocida como el euro por receta.
Según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo considera que el euro por receta supone gravar dos veces una misma circunstancia, la adquisición de medicamentos, en condiciones de no equidad.
En este sentido, ha recordado que el Parlamento aprobó una fórmula que permite discriminar en función de la renta las cantidades que se aportan a comprar medicamentos, el llamado copago farmacéutico.
Por el contrario, el euro por receta es una figura de carácter lineal, que afecta más a los enfermos polimedicados, que tienen unas mayores necesidades.
El Gobierno considera que la decisión de Cataluña vulnera la normativa estatal prevista para garantizar las bases de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.
Sáenz de Santamaría ha recordado que el Consejo de Estado emitió un informe que establecía que el euro por receta es un supuesto regulado por una ley estatal.
Según ese informe, las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de los precios de productos sanitarios porque vulneran la Constitución.
Si la Comunidad de Madrid aplica esta misma medida, el Gobierno procederá igual que con Cataluña, ha asegurado la vicepresidenta, quien ha revelado que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha puesto en contacto con el presidente regional de Madrid, Ignacio González, y confía en llegar a un entendimiento “acorde con la Constitución”.