Fin del estado de alarma: Cien días de una epidemia que nos ha cambiado la vida

El estado de alarma, que el Parlamento ha renovado en seis ocasiones y cada quince días, ha permitido, entre otras acciones, limitar la libre circulación; erigir al Ministerio de Sanidad en mando único de la gestión de la crisis; intervenir la sanidad privada en servicio de la pública; desplegar a las fuerzas armadas y de seguridad del estado o controlar las fronteras.

En estos más de tres meses, el nuevo coronavirus ha causado en España la muerte de más de 27.000 personas, según las últimas cifras oficiales sin actualizar, y la infección de más de 245.000.

Cuando el pasado 14 de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se coló en los hogares españoles para dar los detalles del confinamiento era difícil asumir que los días más duros estaban por llegar.

España se quedó en casa, las calles se vaciaron, los que podían teletrabajaron y las actividades esenciales fueron las únicas que continuaron para que los ciudadanos pudieran parar.

Como contrapunto, las urgencias de los hospitales se saturaban con la llegada de personas infectadas, las unidades de cuidados intensivos no tenían suficientes respiradores ni aparatos de ventilación mecánica y los sanitarios se protegían con bolsas de basura y gafas de bucear por carecer de equipos individuales.

Los contagios entre los profesionales dificultaba una situación extrema en la lucha de una enfermedad, la COVID-19, desconocida y desconcertante que golpea de forma desigual cebándose con los mayores.

España vive una crisis sanitaria sin precedentes en el último siglo que ha puesto en jaque la fortaleza del sistema sanitario.

Y la fortaleza de una sociedad: las residencias se convirtieron en focos del virus, los ancianos quedaron aislados, como también se aisló a los pacientes de los hospitales. Muchos murieron sin la compañía de sus familias.

El 20 de marzo España ya sumaba mil muertes y más de 20.000 contagios.

Como en una guerra, se levantaron hospitales de campaña y el recinto ferial de IFEMA de Madrid se convirtió en un gran hospital para los menos graves.

El Palacio de Hielo de Madrid se transformó en una morgue, una de las imágenes más tristes de la primera semana del estado de alarma.

A pesar de este negro panorama, los ciudadanos aplaudían cada día a las 8 de la tarde desde sus ventanas y balcones para expresar su agradecimiento a los sanitarios, pero también para respirar, para cantar “Resistiré”, para tomar el aperitivo con sus vecinos.

Descubrimos otra forma de relacionarnos y las vídeollamadas nos permitieron conversar, jugar y brindar en la distancia.

Nos quedamos sin clases, sin Semana Santa, sin elecciones en Galicia y el País Vasco, sin fútbol, sin bodas, sin velatorios, sin viajes, sin reuniones familiares, sin cañas, sin ocio.

Sacrificio y esfuerzo para evitar que el virus siguiera propagándose y así frenar la congestión de los hospitales españoles que retrasaron citas, operaciones y pruebas que no fueran urgentes.

Las distintas sociedades médicas se afanaron para asesorar a los pacientes y abrir registros con el fin de averiguar cómo el coronavirus impactaba en grupos vulnerables como los enfermos de cáncer, los afectados por patologías neurológicas o los crónicos.

En medio de la confusión aprendimos un nuevo lenguaje: la curva de contagios, los asintomáticos, los supercontagiadores, la inmunidad o las pruebas de diagnóstico PCR y las polémicas por su escasez y criterios de aplicación.

Durante la segunda prórroga del estado de alarma, el Gobierno aprobó suspender las actividades no esenciales hasta el 9 de abril y estableció un permiso retribuido recuperable para los trabajadores afectados, una medida que formó parte de otras de tipo económico y social como el pago de los ERTE o el ingreso mínimo vital.

Eran momentos de gran incertidumbre. El 2 de abril fue el día de la pandemia con más muertes en una sola jornada, 950.

Pedro Sánchez apeló a reeditar los “pactos de la Moncloa” e hizo varios llamamientos a la unidad y a la lealtad para ganar a un enemigo común, el virus, que no perdonó ni a miembros del Gobierno, como la vicepresidenta Carmen Calvo, o al principal gestor de la crisis, el epidemiólogo Fernando Simón.

Según pasaban las semanas y los estados de alarma se sucedían, la crispación política se elevaba en el Congreso de los Diputados con fuertes críticas de la oposición sobre la gestión de la pandemia y la transparencia de las cifras de fallecidos, entre otros asuntos.

La renovación del estado de alarma se convirtió en un arma de negociación política para que saliera adelante, cada vez con menos votos a favor. “No hay plan B”, aseguraba no solo Sánchez, sino todo su Ejecutivo.

El primer alivio al confinamiento

El confinamiento que hemos vivido en España, que termina en la medianoche del sábado al domingo, uno de los más estrictos del mundo, permitió que la curva se doblegara reduciéndose los contagios y las muertes diarias.

Los sectores económicos y algunos presidentes autonómicos, que todas las semanas se han reunido con Pedro Sánchez por videoconferencia, comenzaron a reclamar la reactivación de la normalidad.

La primera medida de alivio del confinamiento la disfrutaron, el 26 de abril, los menores de 14 años después de que el Gobierno rectificara tras una tormenta de críticas. En un principio solo les permitía acompañar a los adultos al supermercado o la farmacia y después cambió e impuso la norma de una hora al día y no distanciarse más allá de un kilómetro de casa.

El 2 de mayo fue un gran día. Las calles se llenaron de adultos y niños para pasear y hacer deporte. Eso sí, en franjas horarias para evitar, sobre todo, que los niños coincidieran con los mayores de más 70 años.

Y llegó la desescalada

El alivio fue la antesala de un proceso de desescalada del confinamiento que nos llevaría a la nueva normalidad en cuatro fases, de la cero a la 3, y a distintas velocidades según la evolución de la epidemia en cada territorio, siendo Madrid y Barcelona los más afectados.

Este proceso de transición a la nueva normalidad se hizo en “cogobernanza” con las comunidades autónomas que tenían que cumplir una serie de marcadores sanitarios para que el Ministerio les dejara avanzar de fase. Los tiras y aflojas se sucedieron durante todo el proceso.

El Gobierno, que el 27 de mayo decretó diez días de luto oficial por las víctimas de la COVID-19, decidió ceder a las comunidades autónomas la gestión de la fase 3 y el poder de levantar el estado de alarma en sus territorios. Cuando amanezcamos el domingo se habrán terminado las fases en toda España.

Según avanzaban las fase pudimos ir a las peluquerías, a los pequeños comercios, a las terrazas de los bares, reunirnos en pequeños grupos y recuperar poco a poco la rutina.

Pero la nueva normalidad tiene normas: la mascarilla es obligatoria en lugares públicos y privados donde no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Y también establece planes de contingencia en centros de mayores y discapacitados, la organización de puestos y turnos de trabajo y sobre todo la detección precoz de casos y la vigilancia epidemiológica.

El domingo 21 de junio, España habrá vuelto a una nueva normalidad que nos ha cambiado la vida. Todavía no se han reanudado las clases, se sigue aconsejando el teletrabajo, no nos podemos abrazar, pero sí podremos viajar más allá de la ciudad, de la provincia y de la comunidad autónoma.

Las fronteras con Europa se abren para que lleguen los turistas, mientras que los ciudadanos de España sueñan con unas vacaciones, aunque sea en una playa con horarios, que muchos no podrán cumplir por la complicada situación económica que nos ha dejado esta pandemia.

Una crisis global con más de 8 millones de afectados en el mundo y más 430.000 muertes.

Y en el horizonte la esperanza de una vacuna y el temor a los rebrotes y a una segunda oleada. “Hemos arrinconado al virus, pero no ha desaparecido”, advierte Pedro Sánchez.