La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso ha dado luz verde, con competencia legislativa plena, a la nueva Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios que prohíbe el consumo de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina -cigarrillos electrónicos- y “productos similares” en centros de la Administración Pública, sanitarios, docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de las universidades
Tampoco se podrán usar cigarros electrónicos en los medios de transporte público, ni en los recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para los menores.
Esta propuesta ha sido acordada en una enmienda transaccional pactada entre PP, PSOE y CiU.
En declaraciones a la prensa, la portavoz de Consumo del PP, Andrea Fabra, ha asegurado que la posición actual de su grupo en este asunto es la recogida en la enmienda citada, si bien ha dicho que estudiará las propuestas de la UE que en próximas fechas aprobará una directiva sobre los productos del tabaco.
Por su parte, la portavoz socialista, Pilar Grande, ha señalado que el PSOE “no renuncia a seguir avanzando” en la protección de la salud y que la lista de lugares donde no se pueda usar el cigarrillo electrónico “se puede ampliar” en el Senado.
Este producto no podrá publicitarse en los lugares, programas y horarios televisivos destinados a menores de 18 años; además, los anuncios deberán aclarar que contiene nicotina y que ésta es “altamente adictiva”.
Las asociaciones de consumidores se pronuncian
Dos asociaciones de consumidores relacionadas con el tabaco creen que la nueva ley de Defensa del Consumidor, que regula el uso del cigarro electrónico, se ha producido sin consenso con los usuarios y piden que se promueva un debate público en torno al consumo de estos dispositivos.
Así lo ha manifestado mediante un comunicado de prensa la Asociación Nacional de Vapeadores Españoles (ANEV), que considera que el debate social respecto al consumo del cigarrillo electrónico “aún no se ha producido” y opina que las administraciones públicas han llevado a cabo recortes en los derechos de los usuarios “absolutamente injustificados”.
ANEV calcula que en España existe un millón de vapeadores o vaporeadores, según el término que recomienda usar la Fundéu, que han dejado de fumar gracias al cigarrillo electrónico, unos resultados que considera que deberían ser transmitidos al conjunto de la sociedad para frenar el “prohibicionismo” y la “presión anti-vapeo” contra los consumidores de este dispositivo.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo también se muestra crítico con la nueva ley de Consumo aunque esgrime argumentos contrarios a ANEV, pues considera que los cigarrillos electrónicos entrañan ciertos riesgos para el corazón y el sistema cardiovascular, aunque no para los pulmones, por el hecho de contener nicotina.
Este colectivo, que se ha referido en un comunicado a los “pasos importantes” que se habían dado con la anterior Ley Antitabaco, cree que ahora la industria está “utilizando los cigarrillos electrónicos como punta de lanza” para rehabilitar socialmente el uso del tabaco.
Por otro lado, la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico valora “favorablemente” la nueva ley de Defensa de Consumidores y usuarios, especialmente en lo relativo a las limitaciones en la publicidad en lugares y franjas horarias para menores de edad, quienes también estarán protegidos a la hora de comprar y consumir estos dispositivos.
Esta asociación interpreta la nueva legislación como un “proceso de diálogo constructivo” y una medida que apoya el desarrollo de la industria del cigarrillo electrónico, que según datos de esta asociación facturó en torno a 80 millones de euros en 2013.