El Congreso aprueba una nueva Ley del Medicamento que garantiza que el precio de los fármacos, establecido por el Ministerio de Sanidad, no podrá modificarse, lo que puede afectar a medidas puestas en marcha desde algunas comunidades, como la subasta de Andalucía
La Comisión de Sanidad del Congreso ha dado luz verde con competencia legislativa plena a la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, con el apoyo del PP y UPyD, el voto en contra del PSOE e Izquierda Plural, y la abstención de CiU y PNV.
La norma incrementa las garantías de calidad de los medicamentos, evita la entrada de fármacos falsificados en la cadena de suministro legal y mejora la transparencia y comunicación en las decisiones que tienen relación con la seguridad de los medicamentos.
El nuevo artículo, que establece garantías para que los descuentos o bonificaciones en el precio de los medicamentos dispensados en las farmacias se apliquen a todo el territorio nacional, se ha incorporado al texto gracias a una enmienda transaccional del PP y UPyD y ha sido uno de los que más debate ha generado.
Mientras que el PSOE asegura que no afectará a la subasta de medicamentos de Andalucía, ya que invade competencias autonómicas, el PP señala que se trata de que no haya desequilibrios en los precios de los medicamentos entre unas comunidades autónomas y otras.
En declaraciones a los medios, el portavoz del PP Antonio Román ha incidido en la idea de su partido de que la competencia para fijar los precios de los medicamentos reside en el Gobierno central.
Tampoco PSOE y PP se ponen de acuerdo sobre si ese nuevo apartado pone fin a las bonificaciones que reciben las farmacias de las compañías farmacéuticas, ya que los primeros creen que sí y los segundos piensan que no.
El texto incorpora también un nuevo artículo que establece que las medidas que adopten las comunidades autónomas no pueden producir diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios.
El proyecto de Ley, que ahora continúa en el Senado su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor el próximo mes de julio, establece un mayor control de todos los agentes que participan en la cadena de distribución de medicamentos y refuerza la eficiencia del sistema de farmacovigilancia.
Como novedades, posibilita a los podólogos a recetar medicamentos sujetos a prescripción médica y a los fisioterapeutas a prescribir aquellos que no necesiten receta.